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lunes, 20 de marzo de 2017

En defensa de la lengua española


La lengua española o castellano es oficial en nuestra comunidad. Está reconocida universalmente como una de las lenguas más ricas e importantes del mundo pues después del chino y el inglés es el que utilizamos casi 500 millones de personas en al menos 22 países  Es una lengua en clara progresión y crecimiento social y económico que ayuda a sus hablantes a mejorar en sus oportunidades laborales y culturales. El artículo 23 (2) de la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice "Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual". Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.  
El resentimiento o rencor  es una desazón, desabrimiento o queja que queda de un dicho o acción ofensiva que puede perdurar largo tiempo y reaparecer cuando se recuerda dicha ofensa. El resentimiento enquistado y agravado acaba produciendo rencor. Pues bien, en esas estamos aquí en Navarra y Pamplona con el español o castellano, una lengua perseguida y maltratada por políticos que odian con sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una lengua que desean evitar, limitar o destruir. Tienen miedo objetivo a que el español, el inglés, el alemán o cualquier otro se utilice de manera natural. El odio no construye, no concilia, no tiende puentes El odio no es justificable desde el punto de vista racional porque atenta contra la posibilidad de diálogo y construcción común sobre todo si está más pervertido con dominancia de ideas ideológicas. Nos encontramos pues en un callejón sin salida, al otro lado se atrincheran "los otros" que a golpe de paleta y llana de ley hacen que el muro sea más alto y más grueso. Su administración, hoy Foral Navarra, la quieren convertir genéticamente como la Vasca para al final formar un todo endogámico con la misma 
Es posible que estemos en franco riesgo de ser la primera generación de ciudadanos nacidos en Navarra con condición de extranjeros, foráneos, alienígenas, parias , errantes que nos sentimos discriminados y perseguidos por no hablar la otra lengua oficial. Refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes , desplazados internos ... está claro que hay que crear condiciones para su ayuda e integración. 
Los apátridas podemos ser personas que no existen oficialmente por cambios políticos o decisiones gubernamentales, personas sin derechos, que pueden verse impedidas de asistir a la escuela, de trabajar legalmente, de recibir tratamiento médico, de denunciar violaciones u otros hechos delictivos… en definitiva, personas legalmente excluidas. Tenemos también algún tipo de ayuda o de renta de inclusión social ?
El año que viene se cumplirán 70 años de aquella Declaración Universal, por favor yo quiero que alguien esté allí para que nos representen y no será este Gobierno Foral actual.
Una colaboración de Cabezudo

lunes, 13 de junio de 2016

Nace la plataforma castellanohablantes.es


Numerosas plataformas que llevan años operando en diversos territorios de España donde el separatismo impone una política lingüística totalitaria impulsan el Manifiesto Nacional en favor de los derechos de los castellanohablantes. Las plataformas que se han sumado a la iniciativa son las siguientes: Las entidades son: Impulso Ciudadano (Cataluña), Galicia Bilingüe, Fundación Círculo Balear, Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística del País Vasco, Sociedad Civil Navarra, Círculo Cívico Valenciano, Asociación Lengua Común (Aragón), Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, Asamblea por la Escuela Trilingüe en Baleares, Escuelas Infantiles de Pamplona, Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana y Asociación por la Tolerancia (Cataluña). 

Desde NavarraResiste.com apoyamos la iniciativa y animamos a nuestros lectores a sumarse al manifiesto entrando en la página web y firmando el formulario. Esperamos que la plataforma recién creada de un nuevo impulso en defensa de los castellano hablantes en los territorios donde la pluralidad lingüística no está siendo respetada por el totalitarismo separatista y suponga un nuevo impulso en la defensa de nuestro derecho a estudiar y utilizar el castellano como mínimo en igualdad de condiciones, así como, el derecho a la no imposición de lenguas regionales minoritarias.

Aprovechamos a recordarles a los partidos "constitucionalistas" a que hagan valer de una vez la Constitución de 1978, en concreto su artículo 3.1 "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Dicho sea de paso, hay otros muchos artículos de contenido social y nacional que tampoco se aplican, así como sentencias del Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo, así que, a lo dicho, los "constitucionalistas" en vez de reformar la Carta Magna lo primero que tendrían que hacer es aplicarla de una vez.



POR LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS CASTELLANOHABLANTES EN TODA ESPAÑA

Los que promovemos este manifiesto somos ciudadanos castellanohablantes que residimos en comunidades autónomas con diversidad lingüística: Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, País Vasco, Asturias y Galicia.

El castellano está reconocido como lengua oficial en toda España. Nuestra peculiaridad consiste en que compartimos espacio con otros ciudadanos que tienen como lengua materna o de identificación otra lengua española, también reconocida como oficial en toda o en parte de una comunidad autónoma, o bien una modalidad lingüística que se habla en ciertas zonas.

Para nosotros, las políticas de los poderes públicos deben basarse en el respeto a la diversidad, en el principio de paz lingüística entre las distintas comunidades lingüísticas que comparten un territorio, y en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de sus integrantes.

Los castellanohablantes de territorios monolingües tienen reconocidos estos derechos y pueden ejercerlos sin dificultad. Sin embargo, esto no sucede en las comunidades autónomas donde coexisten diversos idiomas oficiales. En ellas se está confundiendo el legítimo derecho al uso de las lenguas regionales, con la marginación y creciente vulneración de los derechos lingüísticos de la comunidad castellanohablante que allí reside.

La Constitución reconoce el derecho de los españoles a no ser discriminados por razón de origen, y establece que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento en el territorio nacional. El ejercicio de este derecho actualmente no es completo, y su limitación perjudica, especialmente, a quienes tienen hijos en edad escolar.

El conflicto lingüístico existe y tiene su base, entre otras razones, en el desigual tratamiento dado a los derechos la comunidad castellanohablante en algunas zonas de España, lo que ha ocasionado situaciones de evidente discriminación.

Por lo tanto, consideramos esencial sentar las bases para solventar este problema. Corresponde a los Poderes Públicos del Estado regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos. En este sentido, PROCLAMAMOS: 

1. Que todas las lenguas y modalidades lingüísticas españolas deben ser objeto de una regulación equilibrada y garantista para sus hablantes.

2. Que la declaración constitucional de lengua oficial del castellano conlleva el reconocimiento legal de, al menos, los siguientes derechos lingüísticos a la comunidad castellanohablante en toda España:

a. El derecho a recibir la enseñanza en castellano.
b. El derecho a dirigirnos en castellano a cualquier Administración Pública, y a ser atendido en nuestro idioma sin demora y sin obligaciones añadidas.
c. El derecho a disponer en castellano de impresos oficiales, información y rotulación pública, así como de las indicaciones escritas en la señalización viaria.
d. El reconocimiento de la oficialidad plena del castellano en la redacción de cualquier documento público.
e. El derecho de las empresas privadas a establecer el castellano como lengua de trabajo y a relacionarse y comunicarse con sus clientes en este idioma.
f. El derecho a desarrollar actividades culturales y a disponer de servicios culturales en castellano, así como a una presencia equilibrada de nuestro idioma en los medios públicos de comunicación.

3. Que los Poderes Públicos y las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben actuar como garantes y facilitar el ejercicio de estos derechos en todo el territorio nacional.

4. Que el reconocimiento y el ejercicio de estos derechos ha de ser compatible con el respeto y pleno desarrollo de los derechos de los ciudadanos de otras comunidades lingüísticas en los territorios con cooficialidad lingüística. 

En Madrid, a seis de junio de dos mil dieciséis.

jueves, 17 de marzo de 2016

Hacia la creación de guetos en los modelos de castellano


Es una tendencia que se viene observando sobre todo allí donde el modelo D (íntegramente en euskera) se ha establecido como hegemónico y es algo frente a lo que muchos han pasado de puntillas, quizás por miedo a ser tachados de "xenófobos" única y exclusivamente por exponer un hecho objetivo. Como venía diciendo, hace tiempo que en lugares del País Vasco y el norte de Navarra se vienen produciendo situaciones en las que los hijos de minorías o inmigrantes se concentran de forma proporcionalmente excesiva en torno a centros públicos de enseñanza en castellano y esto último no es una casualidad.

En parte es comprensible que al tratarse generalmente de minorías con carencias económicas severas, estos opten por la educación pública. Otro factor que también hay que tener en cuenta es que la tasa de natalidad entre la población inmigrante es sensiblemente mayor, lo que explica que hayan más hijos de inmigrantes de lo que proporcionalmente le correspondería a este tipo de población, si su tasa de natalidad no doblase a la de los españoles autóctonos. 

El hecho que a cualquiera le llamaría la atención es que los hijos de estas minorías se concentren sobre todo en torno a la educación pública en castellano. Por poner un ejemplo concreto: Vitoria es la capital vasca que tiene una mayor proporción de población extranjera (aproximadamente un 9%) y cuenta con 19 centros educativos en los que los alumnos inmigrantes suponen más de un 30% del total del alumnado, siendo todos ellos menos uno, centros pertenecientes a la red pública. Esta situación de masificación se acentúa aún más en tres centros que superan el 50% de alumnado inmigrante, y otros cuatro que llegan  superar incluso el 80% del total.

No es de extrañar que los padres de estos niños sean pragmáticos y decidan educar a sus hijos en castellano, siendo esta una lengua inclusiva que permite comunicarse con más de 500 millones de personas en todo el mundo; frente al euskera, una lengua exclusiva con la que a penas te puedes llegar a comunicar con un millón de personas. Por no hablar de los alumnos de origen latinoamericano cuya lengua materna ya es el español, es normal que sus padres no vean prioritario el que sus hijos aprendan una lengua que a penas aumenta el círculo de personas con las que puedes hablar, dado que uno se puede comunicar en castellano con el 90% de los vascoparlantes.

Pues bien, estos hechos están siendo utilizados y van a ser utilizados por los abertzales. De forma involuntaria esta situación supone una sibilina forma de desprestigio hacia los modelos de educación pública en castellano que se traduce en que haya padres cuya lengua materna no es el euskera, pero que decidan matricular a sus hijos en el modelo D para evitar la sobre-representación de hijos de extranjeros u otras minorías en torno a los modelos  públicos en castellano. Es comprensible que los padres no estén mucho por la labor de meter a sus hijos en clases sobrepobladas de inmigrantes con un nivel educativo generalmente inferior a la media y que rezaga al resto de la clase. 

Una posible solución a eso sería la inserción de los niños con menor nivel educativo en grupos de adaptación curricular, de forma que los alumnos de una clase queden igualados por lo alto y no por lo bajo. Si la demanda de educación en castellano siempre va a ser mayoritaria entre la población inmigrante, es necesario buscar formulas para que el modelo educativo en su conjunto no se convierta en un gigantesco gueto.

Por la contra y ante esta situación, la propuesta de asociaciones de padres de marcado carácter abertzale consiste en ampliar el modelo D a todo el sistema educativo, de manera que nos encontremos efectivamente con un sistema de inmersión lingüística íntegramente en euskera para todo el mundo con la finalidad de disimular el problema. Bastante poco les importa el hecho de que haya hijos de inmigrantes que ya tienen problemas para adaptarse al castellano, como para obligarles a hablar una lengua que por ejemplo en Vitoria a penas habla el 15% de la población de forma ambiental. 

Al final todo esto es una excusa más para imponer un modelo monolingüe euskaldún que vaya desde los 0 años y para esto ya está dando los primeros pasos en Pamplona EH Bildu, que ha expulsado a los niños de dos guarderías de Pamplona para imponer modelos de inmersión lingüistica euskalduna, tan sólo es una toma de contacto, sólo es el principio.

La enseñanza en vasco en aquellos lugares donde se ajuste a la realidad social y cultural ha de ser una opción para aquellos que lo quieran y no una imposición para aquellos cuya lengua materna es castellano desde tiempos inmemoriales. De la misma manera en que unos padres se han negado a abandonar las guarderías infantiles de Pamplona que Bildu sus lacayos pretenden asimilar al modelo euskérico, sólo nos queda luchar y hacer valer nuestros derechos ligüísticos y educativos para con nuestros hijos como españoles que son.

Hispano