Contra ley mordaza LGTB, SÍ SE PUEDE

En esta semana, ha dicho la portavoz del Gobierno de Navarra que el ya conocido programa Skolae cumple con la legislación vigente. Esa es la cuestión de la que hay que empezar a tomar conciencia: Es decir, que se han aprobado en los tiempos recientes unas leyes estatales y forales cuyo contenido desconocemos en la mayoría de los casos, y con el que no estaríamos de acuerdo a tenor de los programas educativos que se implantan bajo su amparo.

¿Y cuáles son esas leyes?  El propio Departamento de Educación nos lo recuerda en una nota de desagravio que emitió el 22 de octubre y que pueden consultar aquí:

- Tres Leyes Orgánicas estatales:  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación;  LOE 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; LOE 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección contra la violencia de género.

- Dos Leyes Forales:  Ley Foral 8/2017 para la igualdad social de las personas LGTBI+, y el anteproyecto de Ley Foral de Igualdad que está por aprobarse.

- Un Decreto Foral 103/2016, de 16 de noviembre, por el que se establece la ordenación de prestaciones sanitarias en materia de “salud sexual y reproductiva”.   Varias Órdenes Forales de diverso contenido obligatorio en educación. 

- Además, los contenidos se ajustan al documento “Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad” de la UNESCO y a las líneas estratégicas del Ministerio de Sanidad, en su estrategia de salud sexual y reproductiva. 

Nada de todo esto fue obstáculo para que el director del colegio Juan Pablo II, de Alcorcón (Madrid), se negara a impartir, o dejar explicar a otros, contenidos sobre ideología de género en cumplimiento de la Ley Autonómica de LGTB aprobada en julio de 2016 por la Asamblea de esa Comunidad.    Envió una carta a las familias explicando sus motivos, y fue denunciado por diversos colectivos defensores de la causa y prensa afín que lanzaron una campaña de desprestigio contra el colegio y su director. 

La Consejería de Educación realizó una inspección al colegio, sin encontrar ningún motivo de incumplimiento del concierto,  y la Fiscalía no encontró nada en la carta constitutivo de delito de odio ni similar cuestión.  Aún así, la Consejería de Políticas Sociales, basándose en el régimen sancionador de la ley LGTBI de Madrid, impuso al director una multa de 1.000 euros que tuvo que pagar sí o sí.

Pues bien, dos años después y tras los correspondientes recursos en los tribunales,  el pasado 16 de octubre se ha conocido la sentencia que condena a la Comunidad de Madrid a devolver al director la multa de mil euros, más los intereses, y a pagar también las costas del proceso.

La sentencia judicial, que ya es firme, pone de manifiesto que la “la propia Administración reconoce que el actor lo que ha emitido es una crítica a la Ley 3/2016 (FD 1º de la Orden de 19 de septiembre de 2017), y en este punto la doctrina constitucional relativa a la garantía constitucional del derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones no sólo mediante la palabra o el escrito, sino también mediante cualquier otro medio de reproducción, sostiene que desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, la formulación de críticas, por desabridas, acres o inquietantes que puedan resultar no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos y son inmunes a restricciones por parte del poder público, salvo si lo expresado solamente trasluce ultraje o vejación. Siendo esto así, el contenido de la carta del recurrente, y las expresiones descontextualizadas por la Administración, lo que reflejan es el desacuerdo del recurrente con una norma jurídica”.

En la demanda interpuesta se ponía de manifiesto que la Administración con esa ley LGTB violaba “derechos fundamentales a la libertad de expresión y difusión de pensamiento, ideas y opiniones y de comunicación, así como los derechos fundamentales a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a  la objeción de conciencia y el así como la violación del derecho fundamental a la libertad de enseñanza”.

De la misma manera, se argumenta en el recurso la “violación de las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, el derecho de los centros escolares a tener un carácter propio, así como también el derecho de los padres a que los hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones, así como también una violación de las libertades relativas a la educación y la enseñanza” derechos todos ellos reconocidos en no menos de diez artículos diferentes de nuestra Constitución, de la declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

Calíope

De ultras futboleros, antifascistas y comunistoides a machistas violadores heteropatriarcales

El itinerario penal y penitenciario de los cinco integrantes de “la manada” sanferminera todavía no está cerrado. Pero simbólica y materialmente ya ha cumplido el papel que ni el mejor propagandista y agitador de cualquier causa revolucionaria pudiera haber pergeñado en aras a su ideal; en nuestro caso, la implantación de una nueva vuelta de tuerca propiciada por la “agenda” práctica de la ideología de género en España.

Las movilizaciones desplegadas –multiplicadas, ensalzadas y ejemplificadas desde unos complacientes medios de comunicación- con ocasión del veredicto de la sentencia, emitida en Pamplona en primera instancia, deben vincularse a la grandiosa puesta en escena del 8-M en España y que ya analizamos sintéticamente en nuestro escrito “Diez tesis sobre el 8-M feminista” (http://www.navarraresiste.com/2018/03/diez-tesis-sobre-el-8-m-feminista.html). No nos repetiremos, pero las claves explicativas de “la respuesta” de “las mujeres” a la sentencia Nº 38/2018 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra (https://www.elplural.com/sociedad/2018/04/26/sentencia-completa-la-manada), que casi nadie ha leído, y menos comprendido, son las mismas que movieron a cientos de miles de españolas a salir a las calles el 8-M bajo la invocación de una auténtica revolución feminista sin posibilidad de réplica. Agit-prop en estado puro.

Los cinco integrantes de esta manada estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana: vivían a tope, se “divertían” sin restricciones, para ellos no existirían “líneas rojas”, toda su vida giraban en torno a la juerga y las nuevas experiencias, el sexo era su principal motor vital. Y tenían “éxito”: novias muy atractivas, ligaban sin restricciones, participaban en orgías pues a su entender “es lo más normal”. Grababan sus excesos con sus móviles, sin vergüenza ni remordimientos, no en vano… “es lo que se lleva” y además “todo el mundo lo hace”.

Enganchados a más y más “chutes de adrenalina”, estaban familiarizados con la violencia del futbol de la mano de otros como ellos: los Biris, ultras del Sevilla de filiación anarco-comunista. Futboleros, antifascistas sevillistas y orgullosos. No eran, pues, unos fachas de los que ya no quedan.

Bandera en apoyo al Prenda desplegada por miembros de Biris Norte en el Sadar (en la peña de extrema izquierda era conocida como "Gordo")

En su conjunto eran -y son- un fruto -entre tantos otros similares de su generación- de la educación y los valores libertarios y desarraigados de nuestro tiempo: “haz lo que sientas”, “experimenta sin restricciones”, “sólo se vive una vez”, “disfruta a tope que será lo único que te lleves”, “el sexo es como la sed: sácialo cuanto se presente”, “no te diferencies de los demás”, “sospecha y rechaza toda forma de autoridad”, “todos los derechos sin cargas”, etc., etc.

Los cinco energúmenos de esta manada se “comían” el mundo, literalmente. Y vinieron a Pamplona atraídos por su leyenda de sexo fácil, alcohol regando las calles, un supermercado de drogas; “desfase a tope, tío”. Nada diferente a lo que se persigue, vive y experimenta en Pilares, Fallas, Feria, o en toda fiesta patronal de cualquier pequeño y perdido pueblo de nuestro país.

Pero calcularon mal: aunque irresistibles para “cualquier mujer” -tal era su autopercepción-, se dieron de bruces con el “no es no” de una muchacha muy joven. Y desde entonces se preguntan: el “no es no”, ¿antes, durante o después y por cuánto? No es baladí: todo lo contrario. La cuestión clave es el consentimiento de la joven. Ellos iban a lo que iban: no hay duda. Todos a una. Pero, ¿ella? Consentimiento, voluntariedad, libertad, madurez: una confluencia de circunstancias, tan delicadas como susceptibles de muy dispar interpretación en sus expresiones y contexto, que explica la emisión de tres soluciones técnico-jurídicas tan diversas (la del Ministerio Fiscal, la de los dos jueces del veredicto mayoritario y la del voto particular).

Esta pintada apareció justo antes del Sevilla FC-Real Sociedad, en un lugar d concentración de aficionados sevillistas. Conste que esta pintada no representa el sentir de la mayoría de la afición del Sevilla F.C
Justicia, Respeto y Dignidad. @SevillaFC #Manada pic.twitter.com/kohq0rWHHq

— Lina Molero (@LinaMolero) 7 de mayo de 2018

Aficionadas del betis borran una pintada de los Biris Norte en apoyo a la manada. (https://twitter.com/LinaMolero/status/993385930156363776) El ultrilla antifascista "Dimitri Dzhugashvili" (@Dzhugashvili75) les responde: "Menos se tarda en pintarla de nuevo"

No les ha ayudado, en este juicio social, que uno fuera guardia civil y otro militar. Tampoco que Asirón y el mismo Gobierno de Navarra hicieran propia la causa con voluntad de “hacer historia”, dar ejemplo y marcar las fiestas con un sello indeleble de progresismo y feminismo. Con todo su entusiasmo y característico oportunismo propagandista, por supuesto.

En medios penitenciarios se ha destacado que el perfil de los cabestros de la manada no es el propio de los más habituales en prisiones. Pero, ya se sabe, los delincuentes sexuales rompen los esquemas muchas veces… De hecho, y esa es la impresión que se ha trasladado desde el feminismo radical, “cualquier hombres es un violador en potencia”; por muy “normal” que aparente ser.

Por otra parte, como internos apenas han establecido estrechas relaciones con otros… salvo con los jóvenes de ATA (Amnistia Ta Askatasuna, radicales a la izquierda de Sortu) que permanecieron en su mismo módulo (el número 3 de la prisión de Pamplona en el caso de los tres “civiles” de la manada) durante unos meses, a raíz de su detención, por su implicación en la kale borroka que unos centenares de guipuchis desataron en Pamplona el 11 de marzo de 2017 bajo la convocatoria de Errepresioari Autodefentsa (http://www.navarraresiste.com/2017/03/la-violencia-abertzale-retorna-pamplona.html) y que estos días está siendo enjuiciada.

Lo que no oirás en los medios es que El Prenda simpatiza con la izquierda abertzale aun hoy en día, como delatan sus amistades en prisión

De lo que no eran conscientes, los delincuentes de esta manada, es que forman parte –velis nolis- de la minoría mayoritaria responsable de todos los males del mundo mundial  y a lo largo de la historia; por lo que ésta debe ser desposeída de todo poder, visibilidad y posición: la de los heteropatriarcales españoles autóctonos (y para más inri, guardia civil y militar –aunque comunistas- dos de los cinco).

Con su brutalidad e irresponsabilidad, los biris de la manada se pusieron en bandeja para un verdadero auto de fe de la nueva inquisición políticamente correcta diseñada por la “sancta ecclesia feminista de todos los  derechos para todas las personas hasta el infinito y más allá”.

Estamos viviendo una nueva fase de la revolución cultural que significativamente se visualizara y ahondara a partir del recién celebrado mayo del 68. Aquellos rescoldos vienen alimentando esta “agenda” ideológica con sus expresiones sociales, culturales, mediáticas y políticas. De todo ello se derivan, inevitablemente, unos “reajustes” colectivos que deberán ser coherentes con esas premisas ideológicas y sus “contra-valores” ya devenidos en “valores” universalmente aceptados; siendo aplicados con los consiguientes correctivos estatales, institucionales, judiciales y económicos que toda revolución requiere implantar.

Una de las derivaciones más inmediatas del “acontecimiento manada” es la “imperiosa” necesidad de reforma del Código Penal que ya ha iniciado el Partido Popular, desde el Gobierno, con el nombramiento de numerosas mujeres como vocales permanentes de la Sección Penal de la Comisión General de Codificación que asesora la reforma en el capítulo de delitos contra la libertad sexual del Código Penal. Pero, ¿es la única reforma que precisa el Código Penal? ¿No está desfasado o poco operativo en múltiples áreas? Y, sobre todo, ¿con qué orientación?: ¿acaso hacia la “discriminación positiva” en el ámbito penal, extendiendo la inversión de la carga de la prueba -en toda casuística afectivo-sexual-patrimonial en la que sea señalado un español heteropatriarcal- al igual que se implantó desde la llamada Ley contra la Violencia de Género?

Este es el debate real: la sociedad española se juega la imposición de un modelo feminista de revancha, discriminatorio y de virtualidad totalitaria; no en vano el empoderamiento sin reservas de unas requiere la destrucción –o máxima contención- de los otros.

En nombre de “todos los derechos para todas las personas”, la “agenda de género” viene estableciendo los mecanismos jurídicos, mentales y mediáticos propios de una dictadura de nuevo cuño. Más sutil que otras, pero no menos liberticida, y en nombre del feminismo. Pero, nos preguntamos, ¿qué opinarían de todo esto si las sufragistas británicas levantaran la cabeza? Aquéllas querían voto, reconocimiento, igualdad. Justo, muy justo todo ello. Las de hoy, al menos las más mediáticas, enfrentamiento civil, conflicto inter-sexos, ruptura con la naturaleza, poder y más poder. No es justicia lo que quieren, ni igualdad: es poder, todo el poder; “porque yo lo valgo”.

Sila Félix

Puigdemont desmonta la euroorden y deja a la UE en entredicho

Hace algún tiempo desde este blog advertimos que uno de los mayores desafíos a la Unión Europea y la viabilidad del proceso de "integración" no lo representaban ni el Brexit, ni Trump, ni Le Pen ni Putin, sino el desafío separatista catalán (y por extensión el resto de grupos separatistas o filoseparatistas que pululan por España). Por desgracia tenemos que advertir a nuestros lectores que no nos hemos equivocado ni medio ápice en nuestro pronóstico. Lo que ha ocurrido recientemente con la puesta en libertad provisional de Puigdemont en Alemania (desde el país germano se pone en duda incluso el delito de malversación) es muchísimo más grave de lo que muchos creen. Y no solo se trata de una mera cuestión judicial (y eso que la justicia sí está politizada en España, Alemania y hasta la conchinchina).

Vayamos por partes; hasta el arresto de Puigdemont en Alemania nos hemos encontrado con que un delincuente (además con imputación de delitos gravísimos) se ha paseado por varios Estados miembros de un club que nos ha dado la espalda negándose a que Puigdemont y un grupo de jerarcas separatistas fueran entregados a las autoridades españolas para responder ante la justicia. Cuando un país ingresaba en la CEE hoy UE, se revisaba que dicho Estado cumpliera con unos requisitos y estándares democráticos avalados tanto por los organismos comunitarios como por el resto de Estados miembros. Es más, cuando un país se estima que pudiera estar saliendo de dichos estándares, existe un procedimiento para sancionarles (ejemplo; Austria en 2000, recientemente amenazas sobre Polonia y Hungría). Pues bien, España fue aceptada en el club en 1985 y desde entonces nunca se ha incoado o amenazado con incoar un proceso de sanción, suspensión o expulsión del club. Entonces, ¿cómo es que Estados miembros de la UE ponen en duda la calidad democrática de España? ¿realmente merece la pena formar parte de un club así?

Por otro lado, se monta un operativo Administración de Justicia + policía + CNI para detener a Puigdemont en Alemania y no en otros estados europeos hostiles (sí, hostiles a España, a pesar de ser miembros del club UE) ya que se suponía que era un Estado más serio y menos hostil. De nuevo surge la necesidad de cuestionarse la permanencia en un club con cesión de soberanía y pérdida de identidad (no es tontería) con naciones y Estados tan hostiles y que tantos problemas nos han dado con etarras o ahora los puchimonts. Pero para rizar más el rizo, resulta que la justicia alemana se permite el juicio de poner en cuestión nuestro ordenamiento jurídico interno, ya que, por lo que el juez alemán tiene que velar es porque la entrega del delincuente a España suponga que éste (el delincuente) cuente con garantías jurídicas y no se vaya a violentar sus derechos fundamentales. 

Si en España se persiguiera a políticos por sus ideas, existiera una justicia tercermundista, un régimen que oprime y violenta los derechos fundamentales y existieran presos políticos, la UE hace tiempo que habría suspendido la permanencia de España en el club comunitario o incluso nos habría expulsado y no lo ha hecho. Sin embargo la justicia alemana no entrega a un delincuente porque considera que no ha cometido delito alguno, siendo los tribunales españoles y no los alemanes los que lo deben determinar. Esta situación ¿supone que a partir de ahora cada Estado va a juzgar si un delincuente ha actuado conforme a derecho o no en otro Estado? cuando Alemania nos solicite la entrega de un delincuente ¿lo vamos a juzgar previa entrega conforme a nuestro derecho? ¿les vamos a decir a Bélgica o Alemania si su derecho nos gusta o no previa entrega de un delincuente reclamado por dichos Estados? ¿tiene sentido que siga existiendo una euroorden cuando el Estado al que se le solicite la entrega de un delincuente va a juzgar según criterios políticos o de oportunidad y no según criterios jurídicos? ¿de verdad que vamos a disolver España -su soberanía, identidad e historia milenaria- en un club así? ¿y si pasado mañana algún Estado miembro de la UE reconoce como Estado independiente a alguna parte escindida a lo kosovar de España?

Lo que ha ocurrido con Puigdemont y otros huidos de la justicia española, a pesar de contar con gobiernos débiles y partidos globalistas eurohistéricos, no solo deja en papel mojado la euroorden, sino que pone en cuestión el proyecto de integración europeo (proyecto discutible por otra parte). Al Gobierno de la nación española lo deja en muy mal lugar, Alemania demuestra ser un socio poco fiable, como lo son por general los países del norte de Europa. España más pronto que tarde va a tener que plantearse (como han realizad con éxito los británicos) su permanencia en el club bruseliano. Las alianzas internacionales deben de vasarse en el mantenimiento de la soberanía e identidad, el impulso en la creación de un bloque hispánico, un trato preferencial con el sur y este de Europa y el resto (árabes, chinos, USA...) según interés propio. ¡Ah! y cuando los países felones del norte de Europa nos soliciten un delincuente, ¡ya veremos si nos gusta su derecho!

Derecho a la autodefensa, derecho a no ser la víctima

Pau Rigo había sido empleado bancario y ahora disfrutaba de su retiro junto con su mujer en una casa apartada en Porreras, un pueblo del interior de Mallorca. El seguía llevando una pequeña empresa de tragaperras y probablemente fue lo que puso a cuatro maleantes del pueblo detrás suya. La paz de su hogar se vio violentada en diciembre del año pasado, cuando dos hombres encapuchados entraron en su casa para robarles.

Después de darle una paliza a Pau, consiguieron sacarle a la pareja 35.000€. Antes de irse los amenazaron de muerte si denunciaban los hechos a la policía, y así es como el matrimonio decidió hacer borrón y cuenta nueva, seguir con su vida pero tener siempre tres escopetas cargadas detrás de la puerta de la habitación.

Los maleantes creyeron haber dado con una mina de oro y no la iban a dejar pasar. A finales del mes pasado decidieron repetir el golpe, así es como Freddy y Mauricio Escobar, dos hermanos de origen colombiano, accedieron al jardín y esperaron a que el dueño saliese de la casa a primeras horas de la mañana. En ese momento se abalanzaron sobre él y le hicieron entrar de forma violenta en el chalé. Una vez adentro, su mujer fue tirada al suelo de una patada y reducida. Mientras, uno de los dos hermanos le pegaba al anciano de 77 años mientras le requería el dinero.

Esta vez el botín ascendió una cuantía menor, 10.000€ la mayor parte de ellos en monedas de las máquinas tragaperras de Pau. Los delincuentes le siguieron agrediendo al considerar esta cantidad insuficiente, llegando incluso a utilizar una pata de cabra, al tiempo que destrozaban la casa por dentro. Es entonces en un descuido de los ladrones cuando Pau sube a su habitación y coge una de las escopetas que tenía cargadas detrás de la puerta, esto sólo le he visto en el caso de personas particulares amenazadas por ETA.

Los cacos suben las escaleras, pero esta vez ya no es un anciano indefenso, sino un hombre armado que teme por su vida, el que les espera arriba. Un disparo único será el que destroce el abdomen de Mauricio. Freddy intenta arrebatarle el arma al hombre, al mismo tiempo que le pega en la cara. Una vez desarmado, saldrá corriendo y dejará ahí a su hermano, moribundo. 

Freddy volverá otra vez a la casa para aporrear a la puerta junto con los otros dos cómplices, unos ladronzuelos autóctonos de poca monta, no se sabe muy bien si para rescatar a su hermano o para matar al matrimonio. Pero la policía ya ha recibido el aviso del atraco y está de camino, lo que hace que los tres cacos huyan.

Una vez se presenta la Guardia Civil en el lugar, emprende una búsqueda infructuosa de los asaltantes, mientras el ladrón es trasladado herido de gravedad. A las pocas horas morirá en el hospital de Palma de Mallorca. Un delincuente colombiano que junto con su hermano se había especializado en robos con violencia a personas mayores que no se podían defender. 

A pesar de que contaban con múltiples antecedentes, ninguno de los dos había sido expulsado del país, quizás gracias a ese coladero que son las nacionalizaciones. Desde luego, el mundo es un lugar mejor sin este ser abyecto.

Por si no tuviera suficiente el pobre matrimonio, ahora el hombre está acusado de homicidio por defender su vida. Este señor tendrá que pasar sus últimos años dejándose el dinero y la salud en juicios inútiles. Esto va a escamar al leguleyo de turno, pero en un país cabal esto se resolvería mediante un expediente policial constatando la legítima defensa y una medalla al mérito civil para el hombre por habernos quitado a una garrapata de encima.

Pero no sólo eso, esta semana me enteraba a través del twitter de Iker Jimenez, periodista que últimamente se sitúa en el ojo de la incorrección política, que la familia colombiana de los torturadores ha demandado a Pau por asesinato. Dicen que "eran unos chicos estupendos". Tan estupendos que no tuvieron reparo en torturar al hombre a base de golpes. Golpes que le desfiguraron la nariz, le rompieron las costillas y que le han dejado con una cervical.

Esta mañana he escuchado a “expertos” que los asaltamasías tienen las de ganar ante la justicia.
Solo nos falta ya un sindicato solidario de nobles atracadores. O que alguien diga que la culpa es del payés por tener dinero. O del capitalismo.

Cosas veredes en aquesta Hispania.

— ikerjimenez.com (@navedelmisterio) 20 de marzo de 2018

Lo más penoso de todo es que en atención a la justicia de este país todo es posible, y según los "expertos" este hombre lo va a tener difícil a la hora de defenderse, más aun cuando guardaba las escopetas cargadas. Esta es la justicia que nos hemos dado, la que protege a los ladrones, a los okupas, a los políticos corruptos y a toda la gentuza que nos pueda venir de fuera; antes que a los ciudadanos honrados.

La legislación española contempla la autodefensa, efectivamente, pero bajo términos que son de risa. Bien parece que la víctima necesita dejar que la maten para entonces poder defenderse. Que no responda ante la fuerza letal que supone un cuchillo con la fuerza aun más letal de un arma de fuego, que eso no es "proporcional", es decir, justo para los pobres atracadores. No me gustan muchas cosas de Estados Unidos, pero allí por lo menos la casa de uno es inviolable y los ladrones que entran a una vivienda habitada ya saben a lo que atenerse. En según que estados, si los agentes constatan que el agredido actuó en legítima defensa, no tiene ni que pasar por comisaría.

Últimamente está muy en boga el término de la "ventana de Overton", este es el proceso a seguir para normalizar lo aberrante. Algo que han practicado infinidad de veces con nosotros sin siquiera llegar a enterarnos. Ahora la ventana se está desplazando hacia el extremo que dice que el delincuente es una víctima de la sociedad y que aquel que se defiende es un fascista sediento de sangre. Están ganando la guerra, pero por nuestra incomparecencia. Todo movimiento hacia la descomposición de nuestra sociedad, debería de ser respondido con una fuerza en el sentido contrario, pero no estamos dando la batalla. Y digo yo, ¿no es hora de luchar por que la lógica y la cordura se impongan en todos los ámbitos?

En el caso que nos ocupa, que la autodefensa efectiva sea un derecho más de los españoles, porque aquel que vive con miedo difícilmente puede ejercer ningún otro derecho. La seguridad es el primer derecho de todo ser humano. Es a partir de la soberanía del pueblo donde deben emanar las leyes que nos demos, no de las chalanerías de una casta de políticos corruptos que viven en urbanizaciones de lujo y alejados de los problemas que ellos mismos crean. Necesitamos mover la ventana entonces en el sentido contrario.

Hispano

Iker Jiménez, uno de los nuestros

La noticia del hallazgo del cadáver del pequeño Gabriel Cruz el pasado domingo tras trece días de búsqueda, golpeó a la sociedad española como una tonelada de ladrillos. Al momento también nos enteramos de que la asesina que llevaba su cadáver en el coche era Ana Julia Quezada, la pareja del padre del niño, una dominicana que ya se había visto implicada años atrás en la muerte en extrañas circunstancias de una de sus hijas y que dejó la prostitución para dedicarse a saquear las cuentas de hombres bastante ilusos, llegando incluso al extremo de intentar casarse en el mismo hospital con un millonario en estado terminal.

Esta nueva página trágica de la crónica negra ha terminado de volver a poner de actualidad la prisión permanente revisable, medida que fue aprobada hace tres años por el Partido Popular y que tiene en su contra a PSOE, Podemos y PNV. Este último partido ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma del Código Penal para la eliminación de esta 'cadena perpetua light' que será votada hoy resultando aprobada previsiblemente con los votos de PSOE, Podemos, PNV y otras formaciones minoritarias como EH Bildu y Compromís.

No van a esperar siquiera a una resolución del Tribunal Constitucional contraria a esta norma, instancia a la que había recurrido el PSOE. Según las encuestas, esta medida punitiva cuenta con el apoyo de dos de cada tres ciudadanos españoles, estando opuestos directamente sólo el 18% de los ciudadanos. Ya decía Zapatero que nunca sometería a referéndum una medida parecida porque sabía que ganaría el sí, lo que ya nos habla del concepto de democracia directa que tienen estos progres de pacotilla: cuando les convenga y les salga del higo.

Como podemos ver, son los partidos antiespañoles como Podemos, el PNV, Bildu o Compromís; quienes han hecho causa común contra esta medida junto con el PSOE, un partido que históricamente se ha alineado de forma frecuente con los enemigos de España y en este caso contra los intereses y la seguridad del pueblo español al que pretende representar. Por no decir que la ausencia de esta medida le vendría también de perlas a los terroristas islamistas o los prófugos de ETA que sean detenidos en adelante, siendo amiguetes del PNV al fin y al cabo los segundos. 

La propia existencia de las prisiones tiene la finalidad principal de poner a la sociedad al resguardo de los delincuentes. Si en el proceso de estar encerrados logran reinsertarse es algo estupendo, pero aquellos asesinos psicópatas, violadores reincidentes o terroristas; deben permanecer bajo llave hasta su completa rehabilitación, si es que esta se produce alguna vez. Todos los partidos progres perdieron el culo con las movilizaciones feministas del pasado 8-M, pero a la hora de la verdad no hay peor enemigo de las mujeres que quienes aplauden que los violadores salgan a la calle.

La suelta masiva de terroristas, asesinos y violadores; que supuso la anulación de la doctrina Parot por el TEDH fue acogida con alborozo por la misma ultraizquierda que luego va de lila. Algunos de estos agresores sexuales ya han cometido nuevas violaciones.

Ahora es cuando entra Iker Jiménez en la ecuación puesto que en su anterior programa del domingo, a parte de entrevistar a los chavales que salvaron a una mujer de ser secuestrada por el Chicle, cerró el mismo con una muy buena reflexión respecto a quienes anteponen los supuestos derechos de bestias inhumanas a los de sus víctimas.

Como él mismo ya avisaba, no se hizo esperar una campaña de linchamiento y descrédito por parte de la progredumbre en medios afines y redes sociales. Su delito: decir lo que la inmensa mayoría de los españoles pensamos, demasiado para una minoría de zumbados que actúan contra sus propios intereses, azuzados por unas élites cuya agenda pasa a todas luces por llevarnos a la ruina.

No estan siendo días fáciles.
Gracias a todos por vuestros mensajes. Y por el apoyo en foros tan singulares y heterodoxos como @forocoches o https://t.co/JRyf3qhsUt

— ikerjimenez.com (@navedelmisterio) 14 de marzo de 2018

Que el único presentador de la gran televisión que se atreve a darle voz a la mayoría silenciada y pone algo de cordura en este mundillo desquiciado, lo haga a las dos de la madrugada y al final de un programa que versa sobre el misterio, es una muestra de hasta que punto vivimos en una sociedad enferma en la que los grandes medios son una herramienta al servicio de una minoría que busca conformar la sociedad a sus designios. Si en algún momento nos llegas a leer, Iker, estamos contigo.

Hispano

¿Y si el Tribunal de Cuentas tiene razón?

La semana pasada la política foral vivió dos momentos esperpénticos por ser suaves; por un lado la negativa del ejecutivo del kanvio a enviar la información solicitada por el Tribunal de Cuentas en relación a los planes de ajuste llevados a cabo en 2012 y la cuestión de las dietas de la señora Barkos, y por otro actitudes en el mejor de los casos ridículas como las de Del Burgo, Sanz y alguna otra vieja gloria de la política foral apoyando a los separatistas en su pretensión de impugnar la actuación del Tribunal de Cuentas. En nuestro ordenamiento jurídico, las disputas en materia de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se resuelven en el Tribunal Constitucional, o mediante la vía unilateral tan de moda en estos últimos tiempos. Ni negarse al requerimiento del Tribunal de Cuentas ni  (como dicen -Diario de Menticias- que dijo Miguel Sanz en su día) mandar a la Policía Foral al Tribunal de Cuentas.

Ante este conflicto competencial, solo nos queda acudir al texto de las leyes que regulan los ámbitos de actuación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Comptos para salir de dudas.  Pues bien, nada menos que el artículo 3 de la Ley Foral (si, ley foral, ley aprobada por el PARLAMENTO DE NAVARRA) 19/1984, de 20 de diciembre, de la Cámara de Comptos de Navarra (http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2127#Ar.8):

1. La Cámara de Comptos de Navarra es el órgano competente para fiscalizar las cuentas y la gestión económica de Navarra sin perjuicio de la remisión de sus actuaciones al Tribunal de Cuentas, cuyo dictamen será enviado con su respectivo expediente al Parlamento de Navarra para que éste, en su caso, adopte las medidas que procedan.

2. Si en el ejercicio de su función fiscalizadora, la Cámara de Comptos advirtiese la existencia de indicios de responsabilidad contable, dará traslado de las correspondientes actuaciones al Tribunal de Cuentas. La Cámara de Comptos podrá instruir procedimientos jurisdiccionales y enjuiciar las responsabilidades contables en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos de la Comunidad Foral, por delegación del Tribunal de Cuentas.

Pues bien, en el caso de enjuiciar a cargos públicos de Navarra por las responsabilidades contables en que incurran por el manejo fraudulento de caudales o efectos de la Comunidad Foral de Navarra, la propia normativa foral que regula la Cámara de Comptos le atribuye la competencia al TRIBUNAL DE CUENTAS, y la Cámara de Comptos SOLO podrá actuar en labores de instrucción POR DELEGACIÓN del Tribunal de Cuentas, el cual, NO tiene la obligación de delegar en el órgano de la Comunidad Foral. Por ejemplo, en el caso de las dietas de la señora Barcos, delegar la instrucción en una Cámara cuya presidenta ha sido nombrada a dedo por el ejecutivo del kanvio sería cuanto menos una temeridad por parte del Tribunal de Cuentas.

Viendo lo clarita que es la normativa foral (sin necesidad de acudir a farragosas sentencias del Constitucional o Supremo que interpreten la normativa en cuestión), la actitud del régimen del kanvio (lo mismo sean declaraciones de cargos, partidos o sindicatos afines) no resulta de extrañar. Sin embargo, o alguna extraña enfermedad mental está haciendo mella en los señores Sanz y Del Burgo, o son unos oportunistas, o bien practican un foralismo delirante y absurdo. De hecho las recientes declaraciones de Sanz ("El requerimiento del Tribunal de Cuentas está fuera de lugar; no somos del régimen común") y Del Burgo ("La negativa a proporcionar al Tribunal los datos solicitados no constituye desacato") si no fuera por la gravedad de la situación parecerían un chiste.

Está claro que "el bloke del kanvio" va a oponerse al Tribunal de Cuentas de manera unilateral, siguiendo ya una larga tradición de los separatistas en estos últimos cuarenta años (suponemos que la Fiscalía seguirá durmiendo el sueño de los justos, para variar), cuando de considerar que existe un conflicto de competencias (visión subjetiva porque la norma es muy clara), debería acudir al Tribunal de Cuentas. En el caso de los expresidentes de UCD (Del Burgo) y UPN (Sanz), resulta una postura chocante, lo que nos lleva a pensar que son unos inútiles consumados (más aún Del Burgo que presume de super-jurista), oportunistas de medio pelo o unos truhanes que tienen mucho que esconder. 

En fin, esperemos que el tiempo ponga a todos estos pájaros en su sitio, de lo contrario las instituciones del Estado (Tribunal de Cuentas, Fiscalía, Tribunal Constitucional, y en última instancia, el propio Gobierno de la Nación) demostrarán que la afirmación de Pío Moa de encontrarnos ante una "democracia fallida" podría no ser tan descabellada.

La kale borroka ya no es terrorismo (para algunos jueces navarros)

La galaxia judicial navarra, aunque jamás llegue a dar el juego de la madrileña –preñada de enorme número de juzgados y una siempre mediática Audiencia Nacional- también genera sus chascarrillos y noticias “de interés público” o dignos del siempre en guardia “periodismo de investigación”.

Así, diversas recientísimas resoluciones judiciales, emitidas por dos órganos navarros, han sido lanzadas al estrellato que nos ilumina: la imputación por parte del juez Fermín Otamendi de una mochila de tipos delictivos, de larga trayectoria y variada proyección, al staff de los 21 más duros de entre los duros de Indar Gorri, y los tres autos judiciales de 19 de abril de Eduardo Mata Mondela  por los que levanta la intervención administrativa de las comunicaciones orales, escritas y familiares a los tres guipuzcoanos encarcelados en Pamplona, por su participación en la guerrilla urbana, perpetrada por la muchachada de ATA, el 13 de marzo en la parte vieja de Pamplona.

Otamendi ha sido no poco valiente ante el sancta sanctorum de Indar Gorri y su coartada pseudo-política. Tal cualidad le viene caracterizando en su obrar profesional; pero también cierto carácter polemista. En esta ocasión –mejor no traer a colación el caso Abel Azcona y el desprecio de ambos a los más sagrados sentimientos de tantos navarros- el juez Otamendi ha realizado un sano ejercicio de sentido común, en negro sobre blanco, y en sede judicial. Tiene su mérito la cosa, pues no es sencillo encararse con una banda de matones escorados al desbarre delictivo, acostumbrados a que les hagan la ola en cualquier ciudad española, mimados por las juntas directivas del sacrosanto Osasuna y, todo ello, para mayor inri parapetados en la identidad colectiva autodenominada abertzale y su sectaria protección. ¿Futboleros, delincuentes y abertzales? ¿Delincuentes, futboleros y abertzales? o ¿abertzales, futboleros y delincuentes? No importa, pues en esta ocasión el orden de los factores no altera el producto.

Al caso le queda no poco recorrido judicial en el que pueden pasar muchas cosas: no descarten, pues, sorpresas diversas, presiones, filtraciones, manifestaciones, fotografías comprometedoras, pruebas de última hora, etc. Pero, y ya venía siendo hora, los ciudadanos decentes, la gente de pueblo normal, necesitábamos un chute de alegría y seguridad de este tipo: que, por fin, un juez se mostrara fuerte con los fuertes, y no fuerte con los débiles o débil con los fuertes; que es lo que sucede tantas veces. Una incómoda realidad que tanto desmoraliza a la ciudadanía; además de la característica y resignada lentitud judicial que –estos días- viene alarmando, por ejemplo, a Esperanza Aguirre –ahora- en relación a sus procesados amigos Lucía Figar e Ignacio González.

Por si no les suena el nombre, les diremos que Eduardo Mata es el discreto –y más que bueno, buenísimo, pero de pura bondad- Juez de vigilancia Penitenciaria de Navarra. El único que hay.

Este magistrado, decíamos, ha acordado que las comunicaciones con el exterior de los tres gorilas encarcelados desde el pasado 13 de marzo ya no sean intervenidas, por la dirección de la prisión de la colina de Santa Lucía, en coherencia con los protocolos aplicables a los sospechosos de actuación terrorista en cualquiera de sus modalidades, por elementales motivos de seguridad.

Eduardo Mata, Don Eduardo para todo el mundo, al igual que sus colegas de la Audiencia Provincial de Navarra considera que estos muchachos vinieron a Pamplona por pura casualidad, pues «… no existe referencia alguna a que los hechos se hubieren desarrollado en el ámbito de una organización o grupo criminal, no existiendo concreta referencia a ninguna organización o grupo criminal de las características contempladas en aquellos artículos, como intervinientes en esos hechos objeto de dicho atestado y cuya finalidad sea la comisión de delitos de terrorismo». De modo que, si hemos entendido algo -pues un pobre mortal difícilmente está capacitado para comprender la gran trascendencia y el alto sentido de las resoluciones judiciales- los tres salvajes del Goierri vinieron desde su idílica y pastoril Rentería natal a Pamplona de turismo; que su relación con ETA, ATA o lo que sea, no existe; que la juerga fue espontánea e improvisada. Pobrecitos, seguro que alejados de sus cálidos hogares cualquiera les habrá engañado; o pasaban por allí y la policía, pues ya se sabe…; o un par de copas y cómo rechazar una fiesta; o estaban jugando a policías y lad…, perdón, abertzales, ese juego de niños tan popular en algunas ikastolas. En cualquier caso: ¡qué abuso!, ¡qué exceso! Ni sentido común, ni prevención alguna, ni experiencia profesional. Y es que de los carceleros y sus jefazos de Madrid, cualquier cosa. Menos mal que los puritanos están para remediarlo…

Tal será la cosa que el propio juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha criticado a sus colegas navarros, según ha recogido alguna prensa navarra el 26 de abril, acusándoles de banalizar el terrorismo. Lástima que lo afirme un juez que participa en tantas ruedas de prensa. Mejor, pensamos, trabaje –cuanto más mejor- en silencio y que hablen otros.

Seguramente estos jueces navarros no recuerdan que hace 10 años unos muchachos como éstos les habrían colocado en los bajos de su coche familiar una “tableta” explosiva o les habrían “ejecutado” sin pensárselo dos veces caso de recibir la orden y presentarse la ocasión. Pero los tiempos cambian, ¿o no?

Atolondrados guipuchis de excursión turístico-sentimental por el casco viejo de Pamplona. 13 de marzo de 2017

Hablábamos de sentido común, ése que caracteriza a la gente sencilla que lucha a diario por sobrevivir dignamente y tratar de entender lo que está pasando. No en vano, se trata de una falta absoluta de sentido común, o un ejercicio irresponsable de buenismo, de ignorar la realidad, distorsionarla a golpe de sofismas, mirar pero sin querer ver que terrorismo es terrorismo; ya sea de “alta” o de “baja” intensidad. Tiro en la nuca o kale borroka. Ayer, hoy y mañana. Si se perpetra cualquier modalidad de terror en nombre de un proyecto ideológico y con una estrategia, ¡eso es terrorismo! Aquí y en Corea del Norte. En la Rusia de los Zares o en la aburrida Bélgica. Lo haga un “lobo solitario” o una banda internacional; que hay de todo y para eso es terrorismo y no filantropía o turismo activo. Después vendrán los matices: que si colaborador, encubridor, integrante de la banda, dirigente, sicario a sueldo, que si asesinato, robo de explosivos, estragos o acoso a jueces…., tecnicismos –para la inmensa mayoría de gentes normales- en suma.

Cuando en la práctica judicial el sentido común está ausente o es politizada, o se interpreta al servicio de los dogmas de lo políticamente correcto, o del alternativismo jurídico marxista, o se cede a la presión mediática o ambiental, o al buenismo y a la autocomplacencia, entonces tal práctica ya no es justicia: ha dejado de ser justicia para ser pura y dura injusticia. Cobardía y renuncia; aunque los argumentos a posteriori no falten y se sumen oportunistas palmeros de tantos colores e intereses bastardos.

Por todo ello, y sin que cause precedente, los ciudadanos que valoramos la paz social, que queremos creer en el funcionamiento de la justicia, que anhelamos poder confiar en las instituciones… debemos estar agradecidos al juez Otamendi, Don Fermín. Respecto a Eduardo Mata, Don Eduardo, y sus colegas, lamentablemente no podemos decir lo mismo.

Sila Félix

¿Es posible suspender una autonomía en España?

Altos jerarcas de la sediciosa Generalitat catalana en 1934, en prisión provisional. Fueron condenados a 30 años de prisión, aunque amnistiados por el Frente Popular en 1936. Ayer como hoy, la izquierda radical siempre apoyando a los secesionistas, por eso, cualquier militante, simpatizante o votante de la izquierda radical por mucho que diga, por mucho que apele al dialogo, al final siempre están de parte de quienes están, y los hechos les delatan.

De nuevo como viene siendo habitual desde septiembre de 2012, el desafío secesionista catalán en los últimos días está subiendo de nuevo el tono de su chantaje político. Y aunque no es nuevo en el debate político, la prensa (no secesionista) de nuevo destaca (aunque esta vez en un tono más serio) la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que en la práctica supondría una  intervención que puede ser parcial o total de la autonomía. A la contra, voces secesionistas y de izquierda prosecesionista (podemos y el sector sanchista del PSOE) contraargumentan que en la práctica resulta imposible legal y políticamente  suspender la autonomía catalana, llegando a señalar que "Europa" y el mundo no lo consentirían. Pues como veremos, de nuevo los separatistas y sus palmeros mienten, intentan confundir a la opinión pública, y por supuesto que es posible legal y políticamente suspender cualquier autonomía en España.

Los argumentos legales para suspender la autonomía catalana (y cualquier otra) los encontramos en la Carta Magna, y se pueden utilizar varias vías. El tan recurrente artículo 155 establece que "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".

En realidad el mencionado precepto constitucional no prevé directamente la suspensión de la autonomía sino su intervención por parte del Gobierno, aun cuando la intervención en la práctica vendría a ser una suspensión parcial o total temporal de la misma. Sin embargo, existe otro precepto constitucional, el artículo 116, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. La norma en la actualidad se encuentra desarrollada por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, y  a modo de ejemplo, en su artículo 32.1 establece que el Gobierno de la nación podrá declarar el estado de sitio "Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuatro del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio".

Miembros de la Guardia Nacional de patrulla por las calles de Nueva York

Como podemos ver, con ambos preceptos constitucionales (116 y 155), el Gobierno de la nación puede intervenir una Comunidad Autónoma, pero también puede tomar otras medidas como las siguientes; limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados, limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad,  impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados, suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones, cinematográficas y representaciones teatrales, o someter a autorización previa o prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones.

Si bien la supresión de una, varias o todas las autonomías implicarían una reforma del artículo 2 y del Título VIII de la Constitución, que además, supondría en la práctica tener que recurrir al procedimiento agravado de reforma (que en la práctica obligaría a contar con una mayoría parlamentaria muy amplia y tener que someter la reforma a referéndum en TODO el territorio nacional), la intervención de una autonomía (que en la práctica es una suspensión) e incluso en caso de que la situación se agravara, recurrir a los estados de alarma, excepción y sitio, son medidas recogidas en nuestra legislación, y que, por lo tanto, no existe ningún impedimento, por mucho que les pese a algunos, para aplicar medidas correctoras. Todo ello sin contar con otras normas como el Código Penal, que en su articulado recoge los delitos de sedición, rebelión,  contra el orden público, contra las Instituciones del Estado y la división de poderes, delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional y atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia, por poner a modo de ejemplo.

  

Si la legalidad de todas las medidas anteriormente descritas resulta incuestionable, los secesionistas y sus palmeros argumentan su ilegitimidad ante la Comunidad Internacional, y de nuevo se equivocan. Precisamente en el seno de la Unión Europea, precisamente el Reino Unido, el Estado que ha permitido la celebración de un referéndum de secesión de una parte de su territorio, en un pasado no muy lejano ha llegado aplicar medidas de signo contrario. Desde 1972 hasta el año 2002 la autonomía del Ulster o Irlanda del Norte fue suspendida en varias ocasiones. Precisamente en 1972, ante la violencia terrorista, en marzo se instaura el gobierno directo desde Londres, que duró un año. En 1974, es el ejecutivo norirlandés el que se disolvió ante las oleadas de terror. En el año 2000 de nuevo Londres con un ejecutivo laborista (es decir, de izquierdas) sufre una suspensión de dos meses, y en el verano de 2001 de nuevo se suceden sendas suspensiones técnicas de la autonomía norirlandesa. Un año después, en el 2002, de nuevo el ejecutivo de Tony Blair recurre a una suspensión, esta vez de carácter total e indefinida, y no será hasta 2007 cuando se devolverá la autonomía a la región.

Por lo tanto, como se puede apreciar, por mucho que ladren separatistas y ultraizquierdistas, la Comunidad Internacional, que nada objetó nunca cuando Londres ha recurrido en numerosas ocasiones a medidas similares con el Ulster, nada podrá objetar en el caso de tener que recurrir a medidas similares en España. Ojalá lo expuesto en el presente artículo no tenga que hacerse realidad nunca, pero está claro que la igualdad ante la ley de todos los españoles supone que todos tenemos un límite y un bloque legal que cumplir, y sean uno, cien o dos millones los que pretendan saltarse las leyes, un estado moderno de derecho no puede ni debe permitir que una parte de la población pretenda saltarse la ley o cambiarla a su gusto fuera de las Asambleas legislativas competentes.