Es urgente la intervención de los responsables institucionales para detener la destrucción masiva en Euskadi de documentos civiles, penales y sociales sobre atentados de los últimos cincuenta años.
EI pasado mes de marzo el
Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Instituto Valentín de
Foronda celebraron una jornada para analizar la importancia de los archivos
para la investigación del fenómeno terrorista en España. En ella diferentes especialistas
discutieron sobre la localización y las condiciones de acceso a los fondos
generados por las administraciones civil, militar y judicial desde 1960 a
nuestros días. Carmen Alba, excoordinadora de la Oficina de Asistencia a las
Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, describió cómo ha recuperado
las causas judiciales sobre asesinatos, dispersas en diversos archivos. Y nos
alertó de un grave problema que ha detectado durante sus trabajos de
recopilación: en Euskadi se han destruido expedientes judiciales sobre
atentados y otras actividades terroristas.
La suerte de este tipo de documentación se
regula por el Real Decreto 937/2003. La norma creó una serie de Juntas de
Expurgo, de ámbito autonómico, encargadas de seleccionar los expedientes a
eliminar por haber finalizado, prescrito o caducado. Ahora bien, deben
conservarse permanentemente aquellos que la administración competente en
materia de patrimonio cultural reclame por su valor histórico. En nuestro caso
el organismo responsable es la Junta de Expurgo de Expedientes Judiciales de
Euskadi, creada en 2004. Según noticias publicadas en prensa, al año siguiente
ya había destruido más de setenta toneladas de documentación de los ámbitos
civil, penal, social y contencioso-administrativo. La última orden de expurgo
se publicó el pasado 14 de diciembre. Juanfer Calderín señaló en su libro
“Agujeros del sistema” (2015) que varios casos de sumarios habían sido
destruidos en Euskadi. Destacaba la causa por el asesinato del periodista José
María Portell por parte de ETA en 1978, que había sido eliminada el 23 de
octubre de 2008. Tal documentación es irremplazable: sin ella, la investigación
histórica es casi imposible.
Desconocemos casi por completo el
funcionamiento de la junta, de la que, significativamente, no forma parte
ningún historiador. Aunque el Departamento de Cultura del Gobierno vasco está
representado dentro del organismo, no parece que haya actuado diligentemente
para impedir estas destrucciones irreparables. No tener en cuenta la relevancia
de la documentación judicial parece una temeridad.
La documentación judicial es, probablemente,
la más rica de las que se conservan en los archivos históricos. Su utilización
es indispensable para escribir la historia de cualquier época. Si se confirma
la destrucción masiva de expedientes judiciales generados en Euskadi en los
últimos cincuenta años, se limitará la posibilidad de hacer historia de manera
rigurosa, ya que nos faltarán documentos con la que sostenerla. Por el
contrario, se dará alas a la literatura panfletaria, la escrita por los
propagandistas que no consultan ni archivos ni bibliotecas.
Con todo, lo peor de esta noticia es que, si
una parte de las fuentes judiciales ha sido destruida, será imposible lograr un
conocimiento exacto de las páginas más oscuras de la historia reciente de
Euskadi. Se habrá privado, así, tanto a nosotros como a las generaciones
futuras, del derecho a la verdad. Por todo lo dicho, los historiadores
firmantes reclamamos la urgente intervención de los responsables
institucionales en la materia para detener la eliminación de las fuentes
judiciales, así como para elaborar un catálogo completo de la documentación
indebidamente suprimida.
Fuente: http://latribunadelpaisvasco.com/not/6635/una-amenaza-para-la-historia/
